La operación de los bancos se remonta desde hace más de 150 años. La banca en Guatemala inició operaciones a finales del siglo XIX, mediante la creación de bancos privados de emisión de billetes -se podían cambiar por oro y plata-, los cuales maniobraban por concesión gubernamental, y que trabajaron hasta 1926 sin existir una legislación bancaria general.

El Banco Nacional de Guatemala operó en el país y fue capitalizado con el producto de los bienes de la iglesia católica y de las órdenes religiosas, expropiados en 1871 durante los gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Aun cuando el primer decreto para su constitución fue en agosto de 1873, bajo el nombre de Banco Agrícola Hipotecario, no fue hasta marzo de 1874 que el presidente Barrios dispuso sustituirlo por uno de emisión de billetes y descuento, denominado Banco Nacional de Guatemala y su capital fue de dos millones de pesos, equivalente a dos millones de dólares de la época.

Durante el período presidencial de Manuel Estrada Cabrera, en 1902, se creó la primera Oficina de Inspección de Bancos. Diecisiete años después, se acordó establecer con domicilio en la capital, la referida oficina, la cual estaría integrada por tres personas: un inspector, un oficial y un portero. Asimismo, se dispuso que la vigilancia sobre los bancos se hiciera extensiva a las casas bancarias existentes que realizaban esta actividad, para resguardar mejor los intereses sociales y públicos a través de la Secretaría de Fomento, que un año después pasaría a ser jurisdicción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Posteriormente, en 1923, se promulgó la primera Ley de Inspección Bancaria, mediante Acuerdo Gubernativo número 827-1923, firmado por el Presidente de la República de ese tiempo, José María Orellana, quien confirmó que la inspección bancaria correspondería a la Secretaría de Hacienda y se ejercería a través del Departamento Monetario y Bancario. La reforma bancaria de 1926 provocó que algunos bancos no pudieran ajustarse a la nueva legislación. Durante 1928, el Banco Central de Guatemala intervino los bancos Colombiano y Americano de Guatemala; nadie se imaginaba que un año después llegaría el “Jueves Negro” iniciando la Gran Depresión el 24 de octubre de 1929, y que se extendió hasta 1933. Este evento mundial hizo que se precipitara el cierre de cinco de los seis bancos de emisión en Guatemala, sobreviviendo únicamente el Banco de Occidente.

En 1931, en el gobierno de Jorge Ubico, se constituyó el Directorio General de Bancos, presidido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, e integrado por los representantes de las diferentes empresas bancarias en estado normal, cuya finalidad era la de estudiar la situación y sugerir medidas de previsión que respondieran, de modo afín y simultáneo, a la defensa de los intereses del público, administrándose la política bancaria a través del Banco Central de Guatemala y de El Crédito Hipotecario Nacional, en plena crisis económica mundial.

Después de la Revolución del 20 de octubre de 1944, el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo impulsó la Segunda Reforma Monetaria y Bancaria Integral, para lo cual emitieron la Ley Monetaria, la Ley de Bancos y la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, así como la creación de la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.

Adicionalmente, se dispuso que el Departamento Monetario y Bancario tuviera a su cargo las atribuciones y deberes que le señala la Ley de Instituciones de Crédito, así como inspeccionar y fiscalizar el Departamento de Fincas Rústicas e Intervenidas a las personas individuales y jurídicas alemanas con motivo de la guerra. Más adelante, en 1945, se solicitó la asesoría técnica a los Estados Unidos de América y, mediante la Comisión Interamericana de Fomento, se logró la llegada al país de los señores Robert Triffin y David L. Grove, funcionarios de la Junta de Gobernadores del Sistema Federal de la Reserva de los Estados Unidos de América (FED). El Congreso de la República de Guatemala, también aprobó los Convenios Financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, actualmente Banco Mundial), donde se estableció un nuevo orden monetario después de la II Guerra Mundial. Estas leyes fueron emitidas en concordancia con lo aprobado en los Convenios de Bretton Woods, New Hampshire, EE.UU.

Al emitirse la Ley Orgánica del Banco de Guatemala el 9 de diciembre de 1945, la Superintendencia de Bancos fue creada como una parte del sistema de banca central. También se convino que el Superintendente de Bancos debía ser parte de los asesores permanentes de la Junta Monetaria.

Es así como la Superintendencia de Bancos, inició sus operaciones el 2 de septiembre de 1946. Sus oficinas inicialmente estuvieron en la 14 calle poniente Nro. 9, entre 3ª. y 4ª. Avenidas de la zona 1; el 24 de marzo de 1952, se trasladaron al Edificio Magermans, situado en la 3ª. Avenida 9-35 zona 1; el 22 de enero de 1960 se trasladaron al Edificio Valenzuela en la 14 calle 6-14, zona 1, tercer nivel, enfrente de los entonces llamados Palacio de la Policía y Parque Concordia. El 1 de julio de 1966, al inaugurarse el edificio del Banco de Guatemala, la Superintendencia se trasladó a los pisos 8, 9 y 10 de ese edificio y, a partir del 25 de mayo de 1995, finalmente se trasladó a su propia sede ubicada en el Centro Cívico de la Ciudad.

En la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, en su artículo 133, se estableció que la Superintendencia de Bancos, sería el órgano que ejercería la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros, y las demás que la ley disponga. En 1989, se inició el proceso de modernización y liberalización de las actividades bancarias y financieras, el mismo determinó un nuevo escenario para el desarrollo de estas actividades en el que se fomentó la competencia y la competitividad pero que, a la vez, implicó diferentes y mayores riesgos, requiriendo una gestión prudente y eficaz por parte de los administradores, a fin de garantizar la liquidez y solvencia de las instituciones del sistema financiero en general, en resguardo de los depositantes y acreedores. La Tercera Reforma Monetaria y Financiera del país, se desarrolló en 2002, (cobraron vigencia los decretos números 18-2002 (Ley de Supervisión Financiera) y 19-2002 (Ley de Bancos y Grupos Financieros), ambos del Congreso de la República de Guatemala. La Ley de Supervisión Financiera define a la Superintendencia de Bancos como un órgano de Banca Central, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan. En esta normativa se establece el marco regulatorio que dota a la Superintendencia de Bancos de la capacidad para desarrollar su labor de vigilancia e inspección de manera preventiva y con facultades sancionatorias.

Es así como la Superintendencia de Bancos, coadyuva con el desarrollo económico de Guatemala, institución caracterizada por realizar sus actividades de forma ordenada, con base en altos valores éticos y morales, con un enfoque profesional de calidad y servicio, trabajando en promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado de Guatemala.

José Molina Calderón
Economista y Académico Numerario
e Historiador Económico
Economista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1966, con
experiencia en investigación económica por el Banco de Guatemala (1961-1969).
Ha ocupado cargos ejecutivos y de dirección en empresas lucrativas, así como en
organizaciones no lucrativas de carácter educacional, tanto escolar y técnico como
universitario. Desde 1985 publica la columna semanal “Economía para Todos” en
Prensa Libre. Es autor de varios libros de historia económica de Guatemala. Desde
2010 es miembro numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
y actualmente Presidente de su Junta Directiva.